La Fiscalía General de la República (FGR) ha atraído formalmente la investigación del laboratorio clandestino descubierto en la Sierra del Pinal, Chihuahua, con el objetivo de poner la lupa sobre la cadena de suministro que permitió el ingreso de más de 50 toneladas de químicos al estado. El caso, originado por un hallazgo de la Fiscalía estatal, pasa ahora al terreno federal por delitos contra la salud.
El foco de la carpeta de investigación se centra en la trazabilidad de los precursores químicos incautados. Movilizar 55 mil litros de líquidos inflamables y tóxicos, junto con maquinaria pesada como reactores y centrifugadoras, exige permisos aduanales, facturación empresarial e inspecciones carreteras que, a la luz de los hechos, fueron vulneradas o corrompidas.
La ausencia de personas detenidas en el lugar del aseguramiento levanta interrogantes sobre posibles filtraciones de información en los operativos previos. Las instalaciones, descritas como operativas y con dos mil litros de metanfetamina ya procesada, fueron abandonadas sin que se registraran enfrentamientos o capturas, dejando a las autoridades ministeriales únicamente con la evidencia material.
Peritos especializados en valuación, química forense y criminalística de campo trabajan en armar el rompecabezas técnico y financiero del complejo. Sus dictámenes serán clave para determinar el valor comercial de los bienes asegurados y, por extensión, el impacto económico asestado a la organización criminal propietaria del laboratorio.
La dependencia federal, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal Ministerial, busca rastrear los números de serie del equipo industrial confiscado. Identificar a las empresas que vendieron los cilindros de gas LP de alta capacidad y las centrifugadoras abrirá una línea de investigación hacia redes de prestanombres y esquemas de lavado de dinero.
El manejo de las sustancias decomisadas representa otro reto de rendición de cuentas. La FGR ha notificado que una empresa especializada se encargará de la destrucción de los precursores, un proceso que requiere licitaciones transparentes y auditorías estrictas para garantizar que los químicos no sean desviados nuevamente hacia el mercado negro.
Este aseguramiento pone a prueba la eficacia de los controles aduaneros en los puertos del Pacífico, principal vía de entrada de precursores asiáticos. La investigación de la FGR deberá determinar si este enclave en Morelos, Chihuahua, operaba de forma aislada o si formaba parte de un clúster industrial criminal auspiciado por vacíos de autoridad en el triángulo dorado.
